Entrevista de Pablo Fernández, Secretario ejecutivo del Consejo General de Policía
Todavia me recuerdo de los ojos de esta persona cuando le dije que iba a Venezuela. La triste estupefacción marcada en el profundo de sus iris me señalaba que ya estaba pensando en escribir mi oración fúnebre. Sin poder dar un respaldo racional a sus creencias, había asociado mi pais de destino con una visión post apocalíptica donde la ausencia de ley reina. Un especie de Mad Max caribeño desde donde estaba condenado a nunca regresar.
En el exterior, es muy difícil mencionar a Venezuela sin que se levante una coro sobre la inseguridad. Sin embargo, la discusión no trascure más allá de sus rasgos emocionales porque a cada vez nuestros interlocutores, cuyas fuentes principales son los medios y las ONGs, no saben nada del desempeño del Estado venezolano en la materia. Desde el año 2006, Venezuela construyó un modelo policial en adecuación con la Constitución y la visón progresista de la Revolución bolivariana. Esta aventura, Pablo Fernández la vivio desde sus inicios. Activista histórico de los derechos humanos en Venezuela, Pablo fue asociado desde el comienzo a la construcción de todas estas nuevas estructuras de la policía venezolana. Participí a los trabajos de la Comisión Nacional de la Reforma de la Policia, fue co-fundador de la Universidad Experimental de la Seguridad, y fue encargado de la Comisión presidencial del Control de armas, municiones y Desarme. Hoy en dia, es Secretario ejecutivo del Consejo General de Policia, el órgano de planificación y seguimiento de las políticas publicas del Estado en materia de seguridad.
Pablo Fernández nos recibe en su oficina, en un alto piso del Ministerio de Interior. Detrás de él, en una biblioteca, podemos contemplar gran parte de las publicaciones que constituyen la nueva institucionalidad de la nueva policía venezolana : decenas de manuales colorados, códigos, protocolos de actuación, y leyes. Aquí reposa la memoria de lo que el Estado produjo para romper con un viejo modelo policial ineficiente y construir las fuerzas del futuro.
En los estantes inferiores, se destacan un busto de Simon Bolivar y Hugo Chávez por encima de una colección de gorras de todas las fuerzas policiales. En un escritorio, extremamente ordenado, están puestos otros textos de leyes y por su puesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, punto de partida de esta revolución policial. Pablo apaga su celular, saca un bolígrafo de su camisa en blujean para ponerlo en la mesa. Voltea la cara, y me mira fijamente detrás de sus lentes. Me lanza: “Para entender nuestro modelo policial actual, hay que volver a la época de Bolívar”. La frase me interloca. No dejo que mi cara me traicionara pero entiendo inmediatamente que la entrevista, y su posterior transcripción y traducción, va a ser muy larga. Todavía, en este momento, no me puedo imaginar que ni siquiera habrá manera de editarla por lo apasionante y coherente que resultará.
Tal como cuando entrevistamos al director de la Oficina Nacional Antidrogas –otro frente permanente de ataques contra Venezuela-, los medios internacionales que acusan al país bolivariano de ser un Estado fallido brillan por su ausencia cuando se trata de exponer otro punto de vista. Solo dos vinieron a recoger la mirada del Consejo General de Policía: el canal iraní HispanTV y el canal latinoamericano Telesur. Otro ejemplo más de la falta de ética de unas empresas de propagada que hablan a diario de la inseguridad o de violaciones de derechos humanos en el país.
Extracto de nuestra entrevista con Pablo Fernández
¿Qué es el Consejo General de Policía?
El Consejo General de Policía es la instancia de articulación participativa estratégica para la definición de política en materia policial. Lo preside el Ministro de Relaciones interiores, Justicia y Paz. Lo integra una representación de los gobernadores, de los alcaldes, del Ministerio publico, y de la Defensoría del Pueblo. El tema de los derechos humanos entra en la instancia estratégica que define la política policial. Adicionalmente, el ministro puede incorporar a otra gente en el seno del Consejo. Actualmente se ha incorporado representantes del Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensa Pública, a la Universidad Experimental de la Seguridad, a los vice-ministros vinculados al tema policiales e investigación penales, al director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y también una representación de los propios policías, como representación del poder popular que representa el policía dentro de esta instancia estratégica. El Consejo General de Policía tiene una Secretaria ejecutiva que debe dar orientación y cumplimiento a los mandatos del Consejo. Ese es mi papel.
¿Quién es Pablo Fernández? ¿Cuál es tu trayectoria?
Es muy importante que me presenté para que se entienda quien habla y desde donde. Soy argentino de nacimiento y venezolano nacionalizado. Llegue a Venezuela en el año 1989, para mis estudios, pocos días antes del Caracazo. Fue mi “bautizo” en el conocimiento de la realidad venezolana. Luego regresé a Argentina para culminar mis estudios pero volví a Venezuela en 1994 por el fuerte gancho que había tenido con el país. Trabaje como educador y milité durante 20 años en una organización de derechos humanos: la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. En el año 1998, previo a las elecciones presidenciales, las organizaciones venezolanas de derechos humanos de aquel entonces solicitaron a los candidatos hacerles un planteamiento de propuestas en la materia. De los cuatro candidatos presidenciales, el único que aceptó reunirse con nosotros fue Hugo Chávez. Nos encontramos con él y el Comandante asumió un compromiso con nosotros. Meses después, cuando Chávez gana, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, y 95% de las propuestas del movimiento de derechos humanos de Venezuela quedaron plasmadas en la Constitución. El Comandante había cumplido con su promesa electoral.
Chávez empieza a transformar la institucionalidad del país a partir de la Constitución de 1999, y dentro de eso, toca lo policial. En 2006, el Comandante convoca una Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) e invitó a los activistas de derechos humanos que habíamos acompañado las victimas del antiguo modelo policial a participar en ella. Esta comisión tenia tres grandes dimensiones que han marcado la construcción de toda la política pública en materia de seguridad ciudadana luego del año 2006. El primero de estos tres elementos medulares ha sido de construir política escuchando a la gente. La Conarepol hizo una gran consulta nacional sobre el modelo policial que teníamos y el modelo policial que querríamos. Se escuchó a todos los sectores de la sociedad. Nos dio muchos insumos. El segundo elemento medular fue de darle un piso científico a la construcción de la política. Se estudio la problemática policial, se caracterizó elementos de la criminalidad y de la violencia en Venezuela, se recogió experiencias internacionales significativas. El tercer elemento medular ha sido de generar la ruta legal e institucional necesaria para lograr la transformación policial.
¿Cuáles han sido las primeras medidas en la construcción del nuevo modelo policial?
Si nuestra Constitución aprobada en 1999 representa un avance significativo por para Venezuela por su visión progresista, ella nace de un debate entre varias tendencias que no eran univocas ni homogéneas. Entonces, seguimos viviendo en una tensión esquizoide, entre un modelo de gobierno federal descentralizado y un modelo unitario y centralizado. La descentralización se termina entendiendo como un poder omnímodo que tiene un político desvinculado con el lineamiento organizacional de carácter nacional. Eso se refleja en nuestro modelo policial. Cuando arrancamos la Comisión Nacional de Reforma de la Policía en 2006, nos encontramos con 123 cuerpos de policía en todo el territorio. Se planteo entonces crear un modelo de policía nacional, pero dejando las policías regionales y municipales. Nace en 2008 la primera Ley de policía. Fue la primera vez que hubo una regulación única y orgánica para todas las policías en el país. Eso fue un paso significativo y fundamental. Este mismo año, se aprobó también la Ley del Estatuto de la función policial donde se define el marco de principios, de garantías, de derechos y deberes pero sobre todo definimos el labor policial como una carrera profesional. Eso fue una gran ruptura con el viejo modelo donde cualquier persona podía ser policía. De un policía analfabeta y con pocas credenciales morales, empezamos a generar la visión de una policía profesionalizada, de carrera, con estructuras jerárquicas unificadas en todo el territorio nacional. Empezamos a estandarizar y sistematizar el servicio de policía y a romper con la dispersión debida a la alta descentralización.
Pablo Fernández nos muestra unas leyes y manuales que enmarcan la función policial
Luego de estos tres pilares legales: Constitución, Ley de policía y ley del estatuto policial, viene todo un desarrollo normativo con los reglamentos policiales. A esto se le suma la estandarización del modelo. Todo lo plasmado en la ley lo convertimos en guías, en manuales, en protocolo de actuación por ámbito temáticos. La gente que nos acusa de que no existe institucionalidad policial no sabe de lo que habla. Por la dotación y el equipamiento, tenemos un manual. Por los procedimientos, hay un manual. Hasta para los ceremoniales y protocolo, tenemos un manual. Y el policía venezolano recibe una formación de alto nivel académico en todos estos reglamentos. Mira este manual, es muy importante [Me muestra un manual]. Es sobre el “uso progresivo y diferenciado de la fuerza bajo estándares de derechos humanos”. Este manual lo aplicamos también a cuerpos militar con vocación de mantenimiento del orden público como la Guardia Nacional Bolivariana. Y este [Me muestra otro manual] sobre el “control de reuniones y manifestaciones”. Cuando dicen que la policía venezolana reprime la manifestaciones de forma violenta y no cumple estándares, es falso.
Para leer unos manuales de formación de los policías venezolanos, haga click en la imagen o aquí
No solo los estándares están definidos sino que forman parte de la formación del policía. El modelo policial venezolano no es un modelo improvisado. Es un modelo que tiene un constructo teórico, técnico, político muy afinado que se hizo con los mejores expertos nacionales e internacionales, con participación de policías, de integrantes de organizaciones de derechos humanos y del poder popular. Para construir el nuevo modelo policial venezolano, sumamos aportes de diferentes gobiernos tan diversos como el gobierno de Nicaragua, una de las mejores policías del continente, de Cuba, pero también nos apoyaron expertos argentinos, chilenos, de España. Nos asesoraron expertos de la Unión Europea. Trajimos experiencias de Reino Unido, de Irlanda. Fuimos configurando nuestro modelo con la sumatoria de elementos de muchas experiencias en el mundo. Además por supuesto de nuestra experiencia autóctona con el estudio de lo que se había hecho en Venezuela. De hecho, nos siguen asesorando el Comité Internacional de la Cruz Roja, y expertos de Naciones Unidas. Quien diga que Venezuela es un Estado fallido donde no se ha construido una institucionalidad, habla desde el desconocimiento, de la mala fe o desde un posicionamiento ideológico.
¿Cómo entra uno en la policía en Venezuela?
La ley orgánica de policía establece la creación de una institución académica de alto nivel para la formación en materia de seguridad. Es la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) creada por el Comandante Hugo Chávez en el año 2009. Yo tuve el honor de ser co-fundador de esta universidad. No es solo para formar policías, sino también investigadores penales, bomberos, funcionarios de protección civil, custodios penitenciarios y le brindamos también estudios a organismos de inteligencia, componentes de las fuerzas armadas, y al poder popular. Es una Universidad integradora en materia de seguridad. Es parte del legado de nuestro Comandante Chávez.
En el año 2013, participamos orgullosamente a la formación integral de los futuros policías venezolanos en la UNES
Para ser policía en Venezuela, hay que estudiar primero. Tienes que ser bachiller para poder ingresar a la UNES. Es la condición sine qua non. En la Universidad, tienes que cursar dos años de estudio al mínimo. Ahí sales con una primera titulación que llamamos Técnico Superior Universitario en ciencias policiales. Con este titulo, el policía puede empezar su carera. Para poder seguir ascendiendo a las siguientes jerarquías, que se renuevan cada tres años, para ser oficial agregado, tienes que tener una licenciatura en ciencias policiales. Por cierto, la gente que integra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional son funcionarios policiales como los demás. Han tenido que cursar y aprender todos los reglamentos como los otros funcionarios policiales. Es luego que se especializan en cursos operativos.
¿Cómo podemos medir la aplicación de lo que se enseña a los policías en la UNES?
Nuestro nuevo modelo policía siempre será perfectible pero lo asumimos con mucho orgullo. No solo porque exista este nuevo modelo sino que se haya también aplicado. Nosotros en Venezuela, vivimos factores de vulneración muy grave del orden público, algunos de ellos que rozan con el terrorismo como en el caso de las guarimbas. Estas formas de violencia política con sesgos insurreccionales y terroristas llegaron a quemar unos seres humanos vivos, asediar instituciones, espacios públicos y privados, mataron a muchos ciudadanos. Si nosotros no hubiésemos entrenado a nuestra Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana bajo el nuevo modelo policial, probablemente el nivel de respuesta durante estos episodios insurreccionales hubiese alcanzado el numero de victimas de la cuarta republica durante el Caracazo, donde el gobierno social-demócrata de Carlos Andrés Pérez asesinó a 4.000 personas en 1989. Nuestro modelo no es solamente teórico, es un modelo implementado y parte de la formación permanente que reciben los organismos de seguridad ciudadana en Venezuela.
5.000 arboles han sido talados por las fuerzas de choque de la oposición durante las guarimbas del año 2014: un crimen ecológico olvidado por los « defensores » internacionales del medio ambiente
Las cifras de las guarimbas del año 2017
Estos datos forman parte de la completa documentación entregada a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
¿Cuál es la visón del Estado en materia de seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las repuestas que aportan a esta problemática?
El Comandante Chávez nos empujó a subsanar la ausencia histórica de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, y pasar de la experiencia espasmódica de planes o dispositivos aislados de seguridad, que fue lo que predomino en la cuarta Republica e incluso en los primeros años de la Quinta Republica, a la construcción de una política estratégica de seguridad. El Comandante Chávez, en el año 2012, nos instruye construir una política integradora de la seguridad. A través de consultas populares, investigación científica y ayudado por el marco institucional y legal, nació la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Tenia como objetivo plasmar bajo la comprensión multifactorial y pluricausal del delito, de la criminalidad, y de la violencia, la forma de repuesta que el Estado venezolano iba a dar, siempre respectando los derechos humanos y las garantías fundamentales que están recogidas en la Constitución. Las causas de la criminalidad y la violencia las podemos identificar en tres grandes ámbitos. Hay causas de criminalidad y violencia que son de carácter estructural en la sociedad: la constitución de las familias venezolanas, el marco cultural y de valores en que se forma el venezolano, el rol de las instituciones de socialización como la escuela o la religión. Si yo no toco eso, todo lo demás se convierte en una repuesta espasmódica que no va a tocar la raíz del problema. Luego, vienen las causas del delito que son de carácter situacional. Es decir factores que incrementan los factores estructurales. Por ejemplo, el culto a las armas, la droga. Hay un tercer nivel que tiene que ver con causas institucionales. En estos tres niveles de causas, generamos la política pública porque el Estado tiene la institucionalidad fuerte para garantizar derechos y para poder elaborar repuestas de prevención, de control y de neutralización del delito en estos tres ámbitos.
La Gran Misión A Toda Vida Venezuela puso el acento en seis ámbitos. Primero, la prevención integral. Trabajamos con los niños y adolescentes en la comunidad, en la escuela, en los medios de comunicación que son un actor fundamental del problema. Luego, fortalecemos los organismos de seguridad ciudadana, la policía pero también los bomberos y los organismos de gestión y prevención del riesgo. El tercer ámbito ha sido de transformar el sistema de justicia para darle cumplimiento a los preceptos constitucionales. No querremos una justicia clasista que solo castiga el pobre y mira para otro lado cuando se trata de delincuencia en cuello blanco. Se ha desarrollado varias acciones en este ámbito. Pero creo que hay que ser autocritico, muchas están todavía en desarrollo. El modelo de justicia es siempre uno de los pillares más duro de cambiar, y no solo en Venezuela. Mira lo que ocurrió con Lula, Jorge Glas o Cristina. Otro ámbito ha sido de recuperar el control de las cárceles. Eso lo hemos logrado a un 95%. También, nos hemos enfocado en crear un sistema de atención a las victimas de la violencia. Y por fin, crear y socializar conocimientos. Es decir, no perder la perspectiva científica en la construcción de las políticas públicas. Estos ámbitos han marcado la pauta de nuestra política pública con Chávez.
Después de unos años, le sumamos tres ámbitos más en 2016. ¿Por qué? Porque hubo una evolución de las políticas públicas de seguridad en Venezuela. Desde que arrancamos con el modelo de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela en 2012 hasta hoy que la perfeccionamos a través de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, porque el tema de las bandas de delincuencia organizadas y del paramilitarismo no tenían un peso tan significativo hace siete años. Entonces añadimos tres ámbitos más: le dimos un peso más importante a la lucha contra el narcotráfico, así como a las bandas organizadas y al financiamiento al terrorismo.
¿En qué consiste la Gran Misión Cuadrantes de Paz?
La visión desde lo territorial nos quedaba pequeña. Nos preguntamos ¿Cómo podemos llegar más cerca de la gente? Que el ciudadano de a pie no vea eso como algo lejano. Ahí, nosotros asumimos una experiencia, que incluso se está dando en algunos países de América Latina, que aplicamos con una visión más amplia: el trabajo por cuadrante. Es decir, generar una poligonal territorial de dos a cinco kilómetros cuadrados, donde el Estado va a tener el control de este territorio con todas las expresiones de la institucionalidad de la seguridad ciudadana con su andamiaje tecnológico añadido a esta visión integradora de la seguridad no solamente policial para poder dar repuestas a la gente. Eso nos llevo a la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Nosotros hemos trascendido la versión de los chilenos o de los colombianos que han trabajado por cuadrante también. Porque hemos integrado a los cuadrantes el tema de la salud pública, de la educación, de los servicios públicos, el tema de los espacios públicos, para que converja toda la política pública del Estado en la organización territorial por cuadrantes. La seguridad no está vista como aislada. Además, porque hoy, en medio de esta guerra no convencional que sufrimos, seguridad quiere decir que la gente tenga luz, agua, transporte, que le llegue la comida, tenga un centro de salud, un punto de vacunación para los niños. Transitamos de una política general por municipio a la Misión Cuadrantes de Paz, donde se puso en el centro la protección del ser humano.
¿Cómo evolucionaron la estructuras criminales en Venezuela? ¿Cuál ha sido el papel de la oposición política en eso?
Nosotros mutamos de estructuras delictivas territoriales. Desde los años 80 a los primeros años del siglo 21, existían bandas integradas por jóvenes pandilleros cuyo ámbito de acción era restringido, con un limitado poder de fuego y con estructuras organizativas muy endebles. Pero, producto de la entrada de factores determinantes como el narcotráfico y el factor paramilitar colombiano –en realidad estos dos factores se nutren entre si- las estructuras delictivas han cambiado. La delincuencia organizada hoy maneja recursos, logística, armas, telecomunicaciones. Además de un control territorial más amplio, las bandas se relacionan y se ensamblan con otros estructuras criminales en otros territorios, generando redes delincuenciales organizadas y se convierten en megaestructuras criminales. Es muy importante resaltar que estas organizaciones criminales han generado la perversa unión con factores políticos que los utilizan en estos escenarios de confrontación para desestabilizar el país. El crimen organizado ha sido utilizado por factores políticos de oposición para intentar montar una revolución de color o una primavera venezolana.
¿Cómo nace el tren de Aragua? De una expresión mafiosa sindical por el control de la zona donde el Estado realizaba una nueva explotación petrolera, en la faja del Orinoco. Estuvieron presente también en Aragua donde se construía el sistema de ferrocarril nacional. ¿Cuál era el propósito de la red de ferrocarril? Desarrollar los estados centrales con el propósito de llevar mercancías y el petróleo explotado en la faja del Orinoco. Y ahora se le suma a eso, el factor minero. En la zona del arco minero, empieza a aparecer estructuras delictivas creadas e incentivadas desde afuera del país, políticamente gestionadas por políticos de oposición, con influencia del tema religioso y de la penetración evangelista –que no es otra cosa que un elemento de control territorial e ideológico-. En esta fase de subvertir el orden interno de Venezuela, de generar secesionismo en el territorio, y de avanzar en una agenda desestabilizadora para derrocar al gobierno del presidente Maduro, entra el actor político en un tema de seguridad ciudadana. La ultra-derecha venezolana, con apoyo del exterior, empieza a financiar estas estructuras criminales, las empieza a utilizar, se empieza a valer de ellos, para el desarrollo de la agenda de violencia en las calles. En las guarimbas había algunos estudiantes u jóvenes, pero la esencia de los participantes venían de las bandas criminales. No tenemos ninguna duda de eso. No es un supuesto o una especulación. Es un hecho demostrado. A través de estas estructuras criminales urbanas o rurales, la oposición quiere lograr un control territorial del país y fortalecer el imaginario mediático del Estado fallido. Por otra parte, mucha propaganda intentan vincular estas bandas con sectores del gobierno para reforzar la tesis del Estado forajido. Es una cosa aberrante orientada a pervertir la opinión publica mundial.
¿Puedes explicarnos qué es el paramilitarismo colombiano?
Las estructuras paramilitares colombianas como brazo armado del poder económico de la oligarquía colombiana. Montado en el pretexto de la lucha contra la güerilla, representan la ofensiva contra el campesinado y el pueblo de Colombia. Este pretexto de lucha contra la guerrilla sirve como parapeto para encubrir el gran negocio del narcotráfico, y también el secuestro, la extorsión, el trafico de armas. El paramilitarismo que nace con objetivos políticos termina siendo una megaestructura delincuencial avalada y sostenida por el Estado colombiano. Cuando esta estructura empieza a mermar, el paramilitarismo cruza la frontera en búsqueda de un terreno fértil porque nos encuentra desasistido para enfrentarlo como fenómeno. Empiezan a generar alianzas en nuestro territorio con bandas criminales venezolanas. Y se empieza a generar corredores desde los andes hacia el centro del país. Y también en el oriente de Venezuela. ¿Por qué existen células paramilitares en el Estado Sucre? ¿Por qué hay estructuras delincuenciales tan complejas en esta zona? Porque por ahí sales en aguas internacionales.
Juan Guaido con Albeiro Lobo Quintero alias “el brother” y con Jhon Jairo Durán Contreras alias “el menor”, dos de los capos del cartel narco-paramilitar Los Rastrojos. La foto fue tomada el 22 de febrero de 2019, cuando el grupo criminal aseguraba el cruce ilegal de la frontera de Juan Guaido.
Paramilitares, crimen organizado, control territorial… Al escucharte, tengo la impresión que me estás hablando de un teatro de operación militar. ¿Cuál puede el Estado combatir estos grupos armados?
Los paramilitares colombianos empezaron a migrar y a aplicar sus tácticas y métodos en Venezuela. Y en consecuencia, potencian a las bandas criminales criollas. En este tema, la repuesta del Estado debe ser otra. Cualquier persona con sentido común lo puede entender. Si un grupo criminal toma el Museo del Louvre en Paris, con todos los turistas adentro, ¿vas a mandar a un policía municipal o un agente de transito a rescatarlos? Todos los países tienen un grupo policial de intervención o de repuesta inmediata, nosotros tenemos las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Su rol es combatir a estas megaestructuras criminales donde estén, en zonas populares, en zonas rurales. En cualquier lugar donde pretenden ejercer un control territorial, donde someten a la población, a los comerciantes, a los productores. Incluso librándose a practicas criminales que no eran propias de lo que conocíamos en Venezuela. Aquí, nunca se escuchaba que agarraban a alguien y que con una motosierra lo pican en veinte pedazos. Estas practicas empiezan a ocurrir. Estas formas expresivas de crimen son propias del paramilitarismo colombiano. Eso demuestra como el modus operandi paramilitar fue permeando en las bandas criminales venezolanas. Nosotros tampoco podemos mandar a un policía comunal a enfrentar a la banda del Coquí, en la cota 905. Eso es el trabajo del FAES.
Integrantes de la banda del Malony exhiben su poder de fuego en la ciudad de Altagracia de Orituco, situado en el Estado estratégico de Guárico. Recodemonos que Michelle Bachelet y la ONU están exigiendo la disolución del FAES pero no de estas bandas.
No justificamos ningún atropello a los derechos humanos pero los niveles de uso de la fuerza se incrementan exponencialmente frente al fenómeno que tu tienes que enfrentar. Frente a unos delincuentes que tienen ametralladoras y armas automáticas con selector de tiros, que puede disparar 500 municiones, ¿voy a llegar con una Glock 19 con mi cargador de 17 cartuchos? Además el Estado tiene el deber de proteger la vida de sus funcionarios. Hay una satanización de la repuesta del Estado venezolano frente al fenómeno de criminalidad organizada con rasgos paramilitares. En cualquier país del mundo se combatiría igual o incluso con mayor fuerza. El FAES está siendo utilizado solo para este tipo de coyuntura.
La banda del Zaccarias, responsable de multiples asesinatos, secuestros, extorsiones, trafico de oro y de drogas en los estados Bolivar y Sucre. Viendo el tipo de armamento, suponemos que están dispuestos a resistir a la autoridad en caso de arresto.
¿Pueden estas fuerzas especiales cometer unos excesos?
Puede ocurrir como en cualquier parte del mundo. Pero, lo que cambia en positivo es la repuesta del Estado venezolano a estos excesos. El Estado entrega a los agentes a la justicia penal en caso de violación de los derechos humanos. Se les abre un proceso administrativo, son destituidos de su cargo, y se les transfiere a la justicia. Es la gran diferencia con otros países. No estoy seguro que muchos países pueden decir lo mismo. No he escuchado que los que le caen a palo a los chalecos amarillos habían sido destituido de sus cargos y transferido a la justicia penal. ¿Cuál es la repuesta en Estados Unidos cuando policías asesinan a afroamericanos?
Estos datos forman parte de la completa documentación entregada a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
En Venezuela desde hace 3 años, se abrió 15.281 procesos administrativos contra policías de todos los cuerpos policiales del país. Eso no quiere decir que todos son culpables, es un proceso de investigación interna. Pero el que diga que en este país, hay impunidad de las fuerzas policiales es un mentiroso. Nosotros tenemos anticuerpos contra todo tipo de virus que quieren contaminar nuestros cuerpos policiales.
Los derechos humanos han sido el ángulo principal de ataques por parte de ONGs y organismos internacionales para atacar al Estado venezolano y a la Revolución bolivariana. ¿Cómo analizas este tipo de denuncias?
El cuestionamiento a la acción del Estado en el control y la neutralización de nuevas bandas delictivas se hicieron sin hacer un análisis de la evolución del fenómeno de la criminalidad. Tu puedes criticar la vulneración comprobada de derechos humanos, pero en estos casos se quedan con presunciones. El nefasto informa de la señora Bachelet verbos potenciales como “se supone que habría…”, “Tal vez”, “Quizás”, “A lo mejor”. El elemento presuntivo convertido en una afirmación demuestra una falta de ética inaceptable. Su metodología es deleznable y vergonzosa en términos académicos. Elaboró un informe para condenar a un Estado basándose en informes de prensa y en Twitter. Nosotros atendimos a la señora Bachelet. Le entregamos todo los datos que pidió, y te los voy a dar también. No hace ninguna mención a nuestros datos, a nuestras cifras, con videos. El ministro de Interior, Justicia y Paz le dedico dos horas y cuarenta minutos a su equipo técnico. No hay ninguna mención a ninguno de los datos que se le entregaron con toda la caracterización de los indicadores delictivos del país en los últimos seis años. Ni una mención en su informe. Le entregamos en físico los datos a la gente de su equipo. El mexicano y la española que la acompañaba nos dijeron: “no podemos llevar tantas paginas, es mucho”. Entonces, se lo damos en digital. Nosotros les decíamos: “¿quieren datos? Aquí está los datos”. Les dimos por ejemplo la tasa de homicidios oficiales. Puede ser comprobada con los expedientes del CICPC. ¿Crees que investigaron? No. Prefirieron tomar la cifra de una ONG que hace aproximaciones estadísticas, proyecciones. Además una ONG financiada por la Fundación Ford, por la Open Society Institute, por la NED. Pone en duda los datos oficiales pero no pone en duda las cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, que es una ONG integrada por dos personas, y que todo su trabajo se basa en recortes de prensa. Para Bachelet, estas ONGs tiene mayor peso que los datos oficiales comprobables. Les mostramos las pruebas del ataque terrorista con granada y tiros que sufrimos en este ministerio. Pero para la señora Bachelet, eso no afecto a los derechos humanos de nadie. Su equipo hablo con las victimas de este día. Yo estaba sentado en esta misma silla cuando Oscar Pérez empezó a tirotear contra el edificio. El techo del edificio quedo acribillado con 40 personas abajo. Es más. Me callo. No quiero ser vulgar. La esperanza de tener un cambio en el Alto Comisionado Para los derechos humanos de la ONU resultó ser otra estafa más. No solo para Venezuela, sino para todos los países que habían creído que se podía hacer algo propositivo para los derechos humanos en la ONU.
